20.5.11
La espada que camina
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| "Suma". Imagen hecha por Bacteria Opina. |
Para unos significa la continuidad de las políticas predominantes entre 2002 y 2010, de las cuales se destaca la seguridad democrática. Para otros encarna una toma de distancia respecto a su antecesor, expresada en la no intervención en los procesos que involucran a Álvaro Uribe con ciertos líos: las chuzadas del DAS, la violación de Derechos Humanos, su relación con los paramilitares, los privilegios a unos hacendados por medio de Agro Ingreso Seguro (AIS) y otros.
Para aquellos quienes se autoproclamaron “opositores” al gobierno anterior, Santos es catalogado como incluyente, lo cual supone la posibilidad de cogobernar. La famosa “unidad nacional” representa el reagrupamiento de los intereses de unos pocos alrededor de un representante, defensor y legitimador; inclusive, abre una puerta para captar incautos y ponerlos a marchar alrededor de sus dictámenes, con la atenuante hacerlos de creer que benefician el sentir popular.
En el terreno de la izquierda florecen diferentes lecturas, que a fin de cuentas se agrupan en dos grandes posiciones: una concibe a Santos como un gobierno signado por fisuras entre las cuales se destaca un ala democrática, cuya cabeza seria su vicepresidente, Angelino Garzón, y con quien se inaugura el dialogo y la concertación, y la otra que lo destaca –al igual que los uribistas– como continuador de las políticas que lo precedieron, privilegiando la persuasión, “minimizando” la imposición y “desprendido” de los sectores mafiosos.
Como es obvio, los anteriores significados acerca del actual gobierno fueron formulados durante sus primeros días, los cuales –como lo afirman los analistas políticos– son insuficientes para develar su verdadero carácter. Sin embargo, el transcurrir de los meses, más los proyectos de ley impulsados y las ultimas decisiones adoptadas posibilitan un acercamiento más detallado a su significado.
El conjunto de medidas presentadas ante el Congreso de la Republica, de las cuales han sido aprobadas unas, y el lanzamiento de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, ponen al descubierto un significado más del presidente Santos, el cual supone una reorientación hacia las prioridades sociales y de crecimiento económico, posibles gracias a los avances logrados en materia de seguridad por Álvaro Uribe.
En este sentido, medidas tales como la Ley de regalías, que posibilitaría la redistribución de las migajas dejadas por las empresas transnacionales producto de la extracción de minerales y otros, la Ley del primer empleo, la cual exoneraría a los empresarios de pagar ciertos impuestos sí emplean a jóvenes menores de 28 años, y la puesta en marcha de la seguridad ciudadana, que minimizaría las libertades democráticas, reduciría la posibilidad de oposición y ampliaría el control sobre los ciudadanos, expresan el “compromiso” social del actual gobierno.
Este rostro, desafortunadamente, encarna el beneficio solo para unos. Las iniciativas de ley impulsadas redistribuyen la pobreza, absuelven de impuestos a los que tienen mayor riqueza, legitiman la venta de servicios que se consideraban derechos y empeoran las condiciones de vida de la población trabajadora; en suma, ubican al actual gobierno como continuador de las tendencias que han caracterizado a los últimos gobernantes.
De igual modo, y en correspondencia con esto ultimo, las posiciones y decisiones sobre cómo lograr la paz, permiten rotular a Juan Manuel Santos como continuador de la política de guerra. La insistencia por alcanzarla a sangre y fuego más las evasivas para una solución política del conflicto, develan su compromiso con el sostenimiento de la confrontación armada. Para el actual mandatario la guerrilla sigue siendo un anacronismo que imposibilita el crecimiento económico y el bienestar social, por eso hay que aniquilarla a costa de las consecuencias que genera la presencia de las Fuerzas Militares.
En pocas palabras, el gobierno de Santos, aunque tiende tomar distancia del anterior gobernante, sigue representando los intereses de unos pocos: grandes empresarios, bancarios, poseedores de amplias extensiones de tierra, empresas transnacionales y otros. Por esto, la puesta en marcha de “políticas” viejas e iniciativas aparentemente nuevas apuntan hacia lo mismo.