RECTOR DE LA UT: UNA VEZ MÁS ÁRBITRO Y JUEZ EN LA PRÓXIMA ELECCIÓN DE DECANOS

Jesús Ramón Rivera, el segundo de izquierda a derecha, próximamente elegirá los decanos de las facultades de la UT. Foto El Informativo UT.
Jesús Ramón Rivera, rector de la UT, definirá –una vez más– los futuros decanos de las facultades de la universidad. El próximo 8 de Noviembre del año en curso, de conformidad con los resultados de la consulta a los estudiantes, profesores y egresados de cada facultad, elegirá sus servidores para cada unidad académico-administrativa.
Después de un periodo considerable de zozobra, en el cual los estamentos universitarios y el Consejo Superior pretendían modificar los mecanismos para la elección de estas autoridades, el pasado 4 de Junio, el rector –por medio del acuerdo 0721– convocó la elección de decanos.
Paradójicamente, la convocatoria no presenta novedad alguna. Los estudiantes, profesores y egresados seguirán concurriendo al sondeo de opinión que, cada tres años, los rectores convocan, mientras ven como sus intereses y candidatos sucumben ante el perfil más acorde con la generación de recursos. Ingresos conducentes a mitigar la desfinanciación del Estado para con la universidad pública.

VIDEO PROMOCIONAL DEL MJB CON MOTIVO AL 8.6.11

Elaborado desde algún rincón del Tolima, los jóvenes organizados en el Movimiento Juvenil Bolivariano (MJB), por medio de un vídeo, conmemoran su 9º aniversario. En este, exponen, a grandes rasgos, la situación de los jóvenes y estudiantes, y convocan a la organización, la resistencia y la lucha desde la clandestinidad.


EL GOBIERNO DE SANTOS: UN LOBO VESTIDO DE OVEJA






"Suma". Imagen hecha por Bacteria Opina.
En torno al gobierno de Juan Manuel Santos orbitan varios significados, los cuales se derivan de las valoraciones realizadas por las agrupaciones y tendencias políticas coexistentes en el país.En el seno del uribismo se perciben dos grandes apreciaciones sobre el actual mandatario.
Para unos significa la continuidad de las políticas predominantes entre 2002 y 2010, de las cuales se destaca la seguridad democrática. Para otros encarna una toma de distancia respecto a su antecesor, expresada en la no intervención en los procesos que involucran a Álvaro Uribe con ciertos líos: las chuzadas del DAS, la violación de Derechos Humanos, su relación con los paramilitares, los privilegios a unos hacendados por medio de Agro Ingreso Seguro (AIS) y otros.
Para aquellos quienes se autoproclamaron “opositores” al gobierno anterior, Santos es catalogado como incluyente, lo cual supone la posibilidad de cogobernar. La famosa “unidad nacional” representa el reagrupamiento de los intereses de unos pocos alrededor de un representante, defensor y legitimador; inclusive, abre una puerta para captar incautos y ponerlos a marchar alrededor de sus dictámenes, con la atenuante hacerlos de creer que benefician el sentir popular.
En el terreno de la izquierda florecen diferentes lecturas, que a fin de cuentas se agrupan en dos grandes posiciones: una concibe a Santos como un gobierno signado por fisuras entre las cuales se destaca un ala democrática, cuya cabeza seria su vicepresidente, Angelino Garzón, y con quien se inaugura el dialogo y la concertación, y la otra que lo destaca –al igual que los uribistas– como continuador de las políticas que lo precedieron, privilegiando la persuasión, “minimizando” la imposición y “desprendido” de los sectores mafiosos.
Como es obvio, los anteriores significados acerca del actual gobierno fueron formulados durante sus primeros días, los cuales –como lo afirman los analistas políticos– son insuficientes para develar su verdadero carácter. Sin embargo, el transcurrir de los meses, más los proyectos de ley impulsados y las ultimas decisiones adoptadas posibilitan un acercamiento más detallado a su significado.
El conjunto de medidas presentadas ante el Congreso de la Republica, de las cuales han sido aprobadas unas, y el lanzamiento de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, ponen al descubierto un significado más del presidente Santos, el cual supone una reorientación hacia las prioridades sociales y de crecimiento económico, posibles gracias a los avances logrados en materia de seguridad por Álvaro Uribe.
En este sentido, medidas tales como la Ley de regalías, que posibilitaría la redistribución de las migajas dejadas por las empresas transnacionales producto de la extracción de minerales y otros, la Ley del primer empleo, la cual exoneraría a los empresarios de pagar ciertos impuestos sí emplean a jóvenes menores de 28 años, y la puesta en marcha de la seguridad ciudadana, que minimizaría las libertades democráticas, reduciría la posibilidad de oposición y ampliaría el control sobre los ciudadanos, expresan el “compromiso” social del actual gobierno.
Este rostro, desafortunadamente, encarna el beneficio solo para unos. Las iniciativas de ley impulsadas redistribuyen la pobreza, absuelven de impuestos a los que tienen mayor riqueza, legitiman la venta de servicios que se consideraban derechos y empeoran las condiciones de vida de la población trabajadora; en suma, ubican al actual gobierno como continuador de las tendencias que han caracterizado a los últimos gobernantes.
De igual modo, y en correspondencia con esto ultimo, las posiciones y decisiones sobre cómo lograr la paz, permiten rotular a Juan Manuel Santos como continuador de la política de guerra. La insistencia por alcanzarla a sangre y fuego más las evasivas para una solución política del conflicto, develan su compromiso con el sostenimiento de la confrontación armada. Para el actual mandatario la guerrilla sigue siendo un anacronismo que imposibilita el crecimiento económico y el bienestar social, por eso hay que aniquilarla a costa de las consecuencias que genera la presencia de las Fuerzas Militares.
En pocas palabras, el gobierno de Santos, aunque tiende tomar distancia del anterior gobernante, sigue representando los intereses de unos pocos: grandes empresarios, bancarios, poseedores de amplias extensiones de tierra, empresas transnacionales y otros. Por esto, la puesta en marcha de “políticas” viejas e iniciativas aparentemente nuevas apuntan hacia lo mismo.

LOS BLOGUEROS Y LA “LEY LLERAS”

Para muchos internatuas, especialmente los jóvenes, el blog es un recurso interesante. Su carácter gratuito (cualidad con la que surgió), le permite a sus usuarios, bien sea personas o grupos, compartir cuestiones muy selectas, expresar opiniones, sustentar posiciones, y reproducir variados contenidos de la Internet; en suma, reivindicar una identidad ante los demás que concurren en la web.
De forma evidente, esto sólo se logra haciendo uso de las variadas herramientas que brinda un blog. Lamentablemente, una porción importante de sus productos manifiesta la reproducción de contendidos diferenciados. Contenidos que en su mayoría son pirateados, bien sea de sitios virtuales o de expresiones y medios materiales y tangibles (publicaciones impresas, CDs, DVDs, entre otros).
Aunque quebranta la propiedad intelectual, el último caso –por decirlo de alguna manera– representa un uso destacable del blog. De esto no son pocos quienes se han beneficiado. Por ejemplo, para los inquietos que pretenden desprenderse del yugo del software privado (Windows), el blog se ha presentado como una oportunidad viable para acceder al software libre. Inclusive, un gran número de estudiantes y varios profesores universitarios se han beneficiado: los blogs les han ofrecido una puerta de entrada para un artículo difícil de encontrar, o –en el mejor de los casos– un libro casi imposible de ubicar.
No obstante, varios gobiernos –entre esos el colombiano– han puesto en marcha propuestas legislativas para restringir las libertades que brinda la Internet, especialmente la posibilidad de reproducir contenidos diversos, entre ellos el conocimiento. Todas estas iniciativas pretenden erradicar la piratería en la red, puntualmente evitar la reproducción ilimitada de contenidos protegidos por las leyes de autor (libros, música, películas y otros), como sugiere el ministro del interior, Germán Vargas Lleras, responsable de la propuesta de Ley.
En apariencia es justa la propuesta. Los creativos que inventan y reinventan el mundo, y quienes producen algún tipo de conocimiento serán salvaguardados del acceso indebido a los mismos. Sin embargo, y muy en el fondo, la iniciativa tiene un sesgo: pretende mantener los intereses de unos pocos. Por encima de salvaguardar a los creadores y académicos, la propuesta apunta a mantener los privilegios de los grandes grupos editoriales, sellos disqueros o productoras de cine. Instituciones afectadas por la crisis del capitalismo.
Ante esto, el blog seria una amenaza potencial. Con la propuesta de Ley presentada ante el Congreso de la Republica, la posibilidad de compartir y reproducir ciertos conocimientos se limitará, y, tal vez, su uso se reduzca a la farándula del individuo o grupo, mas no a un interés mucho mayor emparentado con la apertura de espacios disidentes que ofrecen alternativas para acceder al conocimiento, sus manifestaciones y sus avances.

EJEMPLOS QUE CUESTIONAN


“A la política de seguridad del narcoparamilitar Álvaro Uribe le están saliendo todos los días escándalos que la desacreditan aun más”.
El portal virtual de los bloques Iván Ríos y Martín Caballero publicó, en los primeros días de Marzo, un documento revelador acerca de las falacias sobre las que se ha erigido la política de seguridad democrática puesta en práctica por Álvaro Uribe Vélez y prolongada por el actual presidente de la republica, Juan Manuel Santos.
Jimy Ríos, autor del texto, reproduce las consideraciones elaboradas por aquellos actores que han impugnado la política de guerra de la oligarquía, siendo incisivo a la hora de destacar, a través de ejemplos, sus mentiras.
“Primero está (…) la supuesta desmovilización del supuesto bloque Cacica Gaitana de las FARC en 2006”. Logro validado con la presunta colaboración de los desmovilizados, quienes “colocaban explosivos en torres de energía para posteriormente cobrar la recompensa por la información según la cual se prevenía un atentado terrorista, en complicidad con agentes de los aparatos de seguridad”.
“El segundo caso es el de las detenciones”, ejemplificado por medio de la manipulación realizada a cierta información, como lo hicieron los medios con Rolando Albeiro Muñoz.
“Este compañero ya había sido condenado por rebelión y por eso estaba recluido en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar. Él ya había cumplido con el tiempo de condena y estaba pasado de que lo liberaran. Aunque estaba acusado de otros casos, lo tenían que liberar por que no le comprobaron nada y ya se habían vencido los términos legales”.
Pese a esto, fue “recapturado” y posteriormente presentado, ante la opinión publica, como un logro de la seguridad democrática.
“Le anunciaron la libertad pero sin salir de la Penitenciaría lo volvieron a capturar y armaron éste show con el supuesto Duro golpe a las FARC, con un hombre que lleva varios años detenido”.
“El tercer caso es el de la supuesta muerte de Fabián Ramírez”. Ahora las fuentes del Estado afirman que se encuentra “cercado” y no muerto. Igualmente, los medios masivos de información, a partir de esto, prefiguran la realidad para falsearla y “ganar la guerra por televisión como hicieron los gringos con el cine en Vietnam”. Lo mismo ocurre con Alfonso Cano, dicen que le están respirando en la nuca.
De igual manera, y aunque el texto no plantea más ejemplos, sugiere que los famosos falsos positivos hacen parte de la cuenta y no se pueden dejar por fuera, lo cual aumenta, notoriamente, el número de falsedades que sustentan la política de guerra.
Finalmente, recalca el papel que desempeñan los “analistas prepago” que acostumbran participar en programas radiales o pertenecen a ciertas agrupaciones para distorsionar la realidad.

 
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